La prevención del lavado de activos: Una tarea de todos
- En América Latina, entre 30% y el 40% del PIB de cada país proviene de ingresos generados por lavado de activos.
Llega fin de mes y para Juan es la misma historia: su sueldo nuevamente no alcanza. Entre el mínimo de sus dos tarjetas de crédito, el alquiler de su departamento, el dinero que debe separar para su alimentación, el plan del teléfono, la pensión de su tecnológico, y la comida de su gato, los números no le dan. Y eso que está soltero. No entiende como hay gente que logra sobrevivir el mes pagando dos colegiaturas a la vez y con los sueldos de este país. Está cansado, busca soluciones, pero la liquidez (es decir el suelto para el diario) es algo imposible. Y por eso, otra vez, en cuanto paga el mínimo, la deuda sube incluso el doble.
En Ecuador, existen más de 4 millones de tarjetas de crédito activas con alto nivel de uso y consumo y con una fuerte penetración en usuarios de entre los 26 y 45 años. Según datos de la Asobanca reportados a finales de 2025, el valor de adeudamiento de estas tarjetas supera los $21.891 millones hasta 2023 y más del 50% de los tarjetahabientes poseen entre dos y cinco tarjetas de crédito, sin embargo, solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen acceso a crédito, según la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD) ¿Qué significa esto para el ciudadano promedio?
La educación constante, la exigencia de transparencia a las empresas y las acciones para evitar relaciones con actividades sospechosas en entornos financieros son herramientas obligatorias para prevenir el lavado de activos.
Un vecino de años le ha pedido un favor grande. No es un favor cualquiera, es uno que se tiene que pensar un par de días, pero que no le vendría mal a sus finanzas, sus aspiraciones personales y su historial crediticio, o tal vez sí. Aquel vecino le ha ofrecido comprarle una casa, a cambio de su discreción (pocas preguntas y ningún comentario). Usted acepta. ¿Qué podría salir mal? Lo conoce de años y usted necesita un lugar para vivir. Sin embargo, esta decisión podría destruir su vida por completo. Este caso podría ser una buena acción de su vecino o claramente un método de lavado de activos suspicaz.
El lavado de activos es la acción de ‘limpiar’ el dinero obtenido de actividades ilícitas a través de su circulación en el sistema económico financiero legal y así pueda ser útil a los criminales. De esta forma, el dinero conseguido de manera fraudulenta queda oculto en bienes, inversiones, negocios, compras o cualquier tipo de transacción que se realice. En Latinoamérica, el lavado de activos genera un importante impacto a nivel económico. El Departamento del Tesoro en EEUU estima que entre el 30% y el 40% del PIB de cada país proviene de ingresos generados por esta actividad. En Ecuador, según cifras del propio presidente, Daniel Noboa, se mueven por lavado USD 30.000 millones anuales, lo que representa el 26% del PIB nacional. Esto por supuesto afecta directa o indirectamente a todas las esferas sociales desde aquel vecino del que antes se hablada hasta el magnate más importante. Entonces ¿a qué tenemos derecho y estamos obligados para evitar este tipo de delitos?
Como ciudadanos preocupados no solo por no caer en estos enredos financieros sino también por no ser cómplices de estafar al país, tenemos derecho a demandar la constante transparencia de las actividades de los negocios. Esto, a través de la exigencia de facturas – por citar un ejemplo –, la verificación de sus estados financieros a través de la información pública que estas poseen en las diferentes plataformas gubernamentales y la revisión de nuestro papel como consumidores… ¿Aceptamos productos de negocios que podrían implicarse en esta dinámica según la información de la que disponemos?
Como segundo punto, la ciudadanía tiene el deber de – o está de cierto modo necesario obligada a – conocer y educarse sobre las diferentes técnicas de lavado de activos en las que se pueden ver implicadas desde las personas naturales hasta los dueños de las empresas transnacionales. Esto para poder identificar a tiempo actividades que pudieran poner en riesgo la reputación financiera personal. De manera general, es crucial el aprendizaje sobre las cuatro técnicas de lavado de activos de las que se derivan algunas actividades que permiten blanquear este dinero: trámites bancarios (como transferencias internacionales, apertura de cuentas y vinculación a las mismas de PEPs sin justificación de fondos, fideicomisos, entre otros), el smurfing (realización de varias transacciones pequeñas para evitar la activación de límites de reportes de actividad sospechosa), el cambio de divisas y la doble facturación (facturación falsa de importaciones o exportaciones en que se declaran montos ficticios y el dinero no lícito aparece como la diferencia entre la sobrefacturación y el valor real).
Y por supuesto, como un punto fundamental pensado desde el derecho a elegir y la obligación a no participar, tener en cuenta los riesgos de prestar la identidad. Esta, es una de las formas más comunes en las que gente inocente queda en la mitad de un problema sin solución que podría representar incluso la cárcel. Negándose a participar, evita como el primer vecino, ser utilizado como testaferro en la adquisición de bienes o movimientos financieros. En Ecuador, por ejemplo, el testaferrismo (art. 289) es sancionado con penas que van de 1 a 3 años para montos menores, y de 5 a 7 años en otros contextos. En conclusión, la prevención de los usuarios ante el lavado de activos será producto de los sistemas de alerta propios alimentados por la curiosidad, lectura, análisis y la no participación en actividades sospechosas para evitar que exista este sistema de corrupción de grave afectación a la reputación personal y al país.